Los investigadores destacaron la importancia de defender la autonomía universitaria como un derecho y no un privilegio.
Las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), aprobadas por la LXIV Legislatura del Congreso de Sinaloa, vulneran la autonomía universitaria y afectan el desarrollo de la educación superior en México, afirmaron los investigadores César Astudillo y Roberto Rodríguez Gómez, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según los académicos, estas modificaciones buscan influir en la designación de autoridades universitarias mediante el voto universal, lo que podría tener efectos negativos en otras instituciones educativas del país.
César Astudillo, exabogado general de la UNAM y experto en Derecho Constitucional, enfatizó que la reforma “implica una violación a la Constitución que en su artículo tercero, fracción VII considera la autonomía de las universidades”.
Además, señaló que también contraviene el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior, que exige la realización de una consulta previa, libre e informada a la comunidad universitaria antes de llevar a cabo modificaciones a su Ley Orgánica.
El investigador explicó que aunque se llevó a cabo una consulta, esta fue “manipulada”, ya que no incluyó a toda la comunidad universitaria, conformada por alumnado, trabajadores académicos y administrativos, directivos e incluso egresados.
«Ese ejercicio estuvo muy limitado y se dirigió básicamente a solo un sector.»
Roberto Rodríguez Gómez, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM, coincidió en que la consulta realizada por las autoridades fue deficiente, ya que “se efectuó sin acuerdo previo con la UAS y fue más bien una encuesta a cerca de dos mil personas”. Esto, según el experto en Política Educativa, no representa la opinión general de la comunidad universitaria, especialmente de una institución tan relevante como la UAS, que es la tercera universidad más importante del país.
Rodríguez detalló que entre las principales modificaciones a la Ley Orgánica de la UAS está la elección del rector y otras autoridades por voto universal, así como la implementación de paridad en sus órganos colegiados, estableciendo una proporción del 50% entre estudiantes y académicos.
Sin embargo, advirtió que este proceso “se enmarca en una disputa política por el control de la universidad”, lo que pone en riesgo la autonomía de la institución.
Por su parte, César Astudillo manifestó preocupación por la injerencia política que estas reformas podrían generar en la universidad.
“Lo que se busca en la Autónoma de Sinaloa es someter a voto popular la elección del rector. Esto va a hacer que la política se instale en el corazón de la universidad“, aseguró, y añadió que dicha interferencia política podría extenderse a otros aspectos de la vida académica, como la modificación de planes y programas de estudio.
Ambos especialistas alertaron sobre la posibilidad de que estas reformas en la UAS se conviertan en un modelo a seguir en otras universidades del país. Rodríguez Gómez señaló que la actuación en Sinaloa “tiene visos de intento de réplica en otras instituciones autónomas, universidades estatales y federales”. En ese sentido, Astudillo subrayó que “esa acción debe preocuparnos porque se puede extender como un mal ejemplo, como una mala práctica a otros estados del país”.
Los investigadores destacaron la importancia de defender la autonomía universitaria como un derecho y no un privilegio.
“La autonomía de las universidades no es un privilegio, sino un derecho de las comunidades de esas casas de estudio”, afirmó Astudillo, quien también destacó que esta autonomía debe estar orientada hacia la mejora académica, la investigación, la ciencia y la innovación, libres de injerencias políticas.
Rodríguez Gómez aseguró que “poner en riesgo” este derecho fundamental de las universidades “puede afectar las condiciones de desarrollo y de un mejor futuro de la educación superior en México”.
Así, ambos especialistas hicieron un llamado a cerrar filas frente a los embates políticos y a reivindicar la autonomía universitaria para proteger el futuro de la educación superior en el país.
