El Gobierno Federal ha violentado los derechos laborales de 160 mil maestros de todo el país, incorporados al programa de escuelas de tiempo completo, a los que adeuda su salario correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del año pasado.
Ante ello, la diputada María Ester Alonzo Morales, del Partido Revolucionario Institucional, exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a la brevedad libere y envíe a las entidades federativas los recursos para cubrir dicho pago.
Indicó que a pesar del esfuerzo y trabajo de los docentes, el Gobierno federal no ha cubierto este adeudo no obstante de que estaba etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Alonzo Morales señaló que en el caso especifico de Yucatán, de donde ella es originaria, se ha dejado sin pago a cerca de 4 mil 700 docentes, quienes a pesar de la pandemia y de la falta de pago han continuado con su labor.
“El solo acto de dejar sin pago a miles de docentes que cumplen con su labor día a día es ya negligente, dejarlos sin salario en estos tiempos de pandemia es inconcebible”, indico.
Preciso que a nivel nacional son un total de 27 mil escuelas de tiempo completo, las cuales atienden a 3.6 millones de alumnos, y desde su implementación han dado resultados palpables, ya que de acuerdo a la más reciente evaluación de impacto del programa, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la que se analizaron los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba “Planea”, se concluyó que se logró mejorar el nivel de aprendizaje y disminuir el número de estudiantes en rezago.
“Para lograr estos buenos resultados, se ha requerido del esfuerzo, dedicación y labor de miles de docentes en todo el territorio nacional, comprometidos en lograr el mayor beneficio educativo y mejoramiento en el aprendizaje de millones de estudiantes”.
A través de un punto de acuerdo, la priista exhortó también al titular de la Secretaría de Educación Pública, a gestionar con premura el recurso para el pago del salario que se adeuda a las y los docentes incorporados a este programa, así como responder por el inconcebible atraso de dicho pago.
