«A pesar de que existen esfuerzos para promover el derecho a vivir en familia, aún queda pendiente una estrategia integral con enfoque de derechos humanos que garanticen el cuidado parental»

A un mes de haber iniciado el año hemos sido testigos de violaciones graves a los derechos de niñas y niños donde gobiernos, políticos y órganos en defensa de derechos humanos han ignorado, minimizado e incluso en algunos casos han sido los protagonistas de estos actos, dijo a Crónica Daniela Cervantes, Coordinadora Nacional de Abogacía Desarrollo de Programas en Aldeas Infantiles SOS México.

La representante de esta organización de atención a los menores señaló que resulta grave la forma en la que sale un niño de un Centro de Asistencia Social en Nuevo León para pasar un fin de semana con la familia de un gobernador sin la justificación de ser una medida idónea y necesaria para su desarrollo. Además de haber vulnerado su derecho a vivir en familia y a la privacidad, expone las debilidades del sistema de protección respecto al interés superior de los niños que se encuentran en alguna modalidad alternativa de cuidado, en este caso, en un espacio de alojamiento residencial.

«A pesar de que existen numerosos esfuerzos para promover el derecho a vivir en familia, aún queda pendiente la operación de una estrategia transversal e integral con enfoque de derechos humanos que garanticen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que han perdido el cuidado parental o se encuentran en riesgo a hacerlo. Es importante mencionar que, según el censo de Inegi, más de 64 mil NNA viven en estos espacios, por lo que es necesaria la revisión de las medidas de protección de cada niña, niño y adolescente, asegurando que responda a sus necesidades, condiciones y sobre todo a su desarrollo físico, emocional y psicológico»,señaló Daniela Cervantes.

El rol del gobierno mexicano que ha firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños, no debe responder solo a priorizar campañas mediáticas ante la Ley General de Derechos de NNA, justificando actos de buena intención; no se deben utilizar puestos de trabajo para evitar señalamientos; no debe buscar la desaparición del Sistema Nacional de Protección, encargado de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a la niñez y adolescencia. Y, sobre todo, debe conocer y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Daniela Cervantes subrayó que México es un país que cuenta con los instrumentos jurídicos e institucionales para proteger y defender los derechos de los NNA, y es momento de aplicarlos.

«Las niñas y niños son sujetos de derechos que deben ser respetados por todas y todos sin importar el empleo, la edad o la relación que tengamos con ellas y ellos», apuntó la representante de Aldeas Infantiles en México.